“Defender la libertad: asunto de tod@s”

Imagen oficial de la Campaña

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Colombia posee recursos suficientes para asegurar la calidad de vida de toda su población y sin embargo posee elevados niveles de pobreza y uno de los índices más elevados de desigualdad en el mundo. Ante este panorama, amplios sectores sociales exigen cambios y la respuesta de las autoridades ha sido la aplicación de mecanismos legales e ilegales que buscan contener el descontento, impedir la reivindicación de los derechos fundamentales y/o facilitar la apropiación ilegítima de los recursos de las comunidades.

El uso arbitrario del sistema penal es uno de esos mecanismos dirigidos contra las comunidades y organizaciones sociales que exigen la efectividad y el respeto de los derechos humanos; siendo una de sus expresiones más significativas las detenciones arbitrarias y/o selectivas, los montajes judiciales y la criminalización de la protesta social.

Entre los años 2002 y 2006 la detención masiva de personas en zonas donde el conflicto se vivía con alta intensidad y donde además era necesario permitir el desarrollo de grandes proyectos económicos (petróleo, oro, biocombustibles, etc.), posteriormente, el número de detenciones masivas se redujo, sin embargo, tal práctica no ha desaparecido sino que se ha producido un cambio de los mecanismos, tales como la apertura de montajes judiciales contra lideresas(es) sociales, defensoras(es) de derechos humanos[1], con el fin de desanimar, silenciar denuncias, reclamos y reivindicaciones. Entre 2007 y junio de 2010 la Fundación CSPP registró la privación arbitraria de la libertad de 358 personas entre quienes se cuentan obreros y líderes sociales, esto, además de la detención de 380 estudiantes de secundaria y universitarios ocurridas durante jornadas de protesta[2].

A la par, tenemos que en los últimos años se han aprobado una serie de normas dirigidas a reprimir la oposición y controlar los escenarios sociales que han permitido probar la inestabilidad de las políticas públicas implementadas por el gobierno y judicializar a la oposición política. Muestra de ello son las reformas jurídicas que han dado surgimiento a nuevos tipos penales y al endurecimiento de penas; tal es el caso de la Ley 1453 de 2011, llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”; que establece como delito algunas de las tradicionales y legítimas formas de manifestación pública y pacífica; norma represiva complementada con el proyecto de ley que suplanta íntegramente Código Nacional de Policía y Convivencia, cuya marco ideológico no es más que legalización de la arbitrariedad policial al momento de reprimir el derecho a la protesta social.

Así pues, existe una clara intención jurídica y política en la utilización arbitraria del aparato de justicia para frenar y criminalizar la protesta social, el libre desarrollo de la actividad sindical, el derecho de expresión y reunión; y la reclamación legítima de los derechos de amplios sectores de la población colombiana.

Ante esta situación se hace necesario que todos los estamentos democráticos de la sociedad se enfilen hacia la defensa de la libertad como derecho supremo de los ciudadanos, mediante la difusión de la problemática y la constitución de referentes organizativos que propendan por la defensa del derecho a Protestar que se enmarca en lo que la Corte Constitucional denominó como el Derecho a la Resistencia. Por ello se requiere gestar referentes organizativos que inclinen la balanza hacia la búsqueda de la libertad de las víctimas de detenciones arbitrarias y la consolidación de una política estatal y social respetuosa de la libertad personal como derecho supremo de la ciudadanía en general.

En este contexto, nos proponemos el diseño y ejecución de la Campaña Contra la Detención Arbitraria, Persecución Judicial y Criminalización de la Protesta en Colombia, denominada “Defender la libertad: asunto de tod@s”, para lo cual estamos convocando la realización de un encuentro preparatorio al que asistan defensores de derechos humanos, organizaciones sindicales criminalizadas víctimas de detenciones arbitrarias, persecución judicial y criminalización del derecho a la manifestación; este encuentro busca visibilizar las anteriores problemáticas como una vulneración que es un merecedor de la atención de asunto de todos y todas.

Objetivo:

Generar un primer espacio de encuentro, intercambio, comunicación de víctimas de detenciones arbitrarias, judicialización injusta y criminalización del derecho a la manifestación, con el fin de:

a) Identificar el contexto y caracterización del modelo de represión basado en la privación arbitraria de la libertad y la judicialización injusta en cada zona del país donde están delegados; diagnostico nacional con los siguientes aspectos: elementos del contexto donde se produce la agresión; patrones y métodos de criminalización, identificación de los impactos, efectos y daños de las agresiones en general y en particular de la persona, o grupo poblacional victimizado.

b) Avanzar en la definición y coordinación de estrategias y acciones conjuntas contra la privación arbitraria de la libertad, la criminalización y la judicialización, que tengan que ver con formación, organización, visibilización e incidencia nacional e internacional, solidaridad.

C) Construir y adoptar una agenda mínima que desarrolle la estrategia de defensa, prevención y denuncia de la persecución al movimiento social, que se desarrolle a corto, mediano y largo plazo.
Noviembre de 2012

________________________________________
[1] Frente al incremento de las detenciones arbitrarias contra defensores, el Programa Somos Defensores registró que de 11 casos registrados en 2010, se pasó a 23 casos en el 2011.

[2] Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Informa sobre detenciones arbitrarias en Colombia 2008 -2010, Bogotá, 2010, pag.49

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