MISION HUMANITARIA DE VERIFICACION DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACÁ COMUNICADO

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El día de ayer 14 de julio de 2016, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes internacionales nos desplazamos desde Bogotá al Departamento de Boyacá, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos que se presenta en este departamento con ocasión del paro nacional de transportadores de carga, encontrando hechos que generan gran preocupación.

La Comisión documentó prácticas que indican que el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD hizo uso arbitrario y excesivo de la fuerza en el departamento, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos de las personas que participan en la protesta de los transportadores y contra pobladores de los barrios y veredas ubicadas cerca de los puntos de concentración de la protesta.

Los puntos visitados durante el recorrido de la misión fueron: Cajicá (Cundinamarca), Germania (Tunja), Paipa, Ciudadela e Higueras (Duitama) y Sogamoso. En donde tuvimos la oportunidad de constatar la presencia amplia de pobladores quienes se han venido sumando a la movilización social. Sigue leyendo

No más estigmatización a la movilización social

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Bogotá, 6 de mayo de 2016. La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todos en su labor de promoción de la defensa de los Derechos Humanos expresa su rechazo por los hechos que se presentaron al finalizar la jornada de movilización del 1 de mayo en la plaza de Bolívar.

Es de resaltar que durante el recorrido la movilización se desarrolló de manera pacífica. No obstante al culminar la marcha y cuando la mayoría de participantes se habían dispersado, se presentaron algunos disturbios en donde un sujeto encapuchado y portando aparentemente un arma de fuego disparó contra los efectivos de la fuerza disponible que se encontraban en catedral primada. La persona en mención una vez se entregó a las autoridades afirmó a varios medios de comunicación que: “yo no me encontraba dentro de la marcha, me metí ahí, yo me encontraba en el centro de Bogotá”. Sigue leyendo

EN LIBERTAD LAS 3 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA MARCHA DEL 1 DE MAYO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

En libertad los tres participantes de la marcha del 1 de Mayo en Villavicencio que habían sido retenidos ilegalmente. Un Juez de la República declaró ilegal la captura y se ordenó a la Policía investigar disciplinariamente los comportamientos y excesos de los agentes que intervinieron en estos hechos.

ESTÁN LIBRES, Diego Beltran, estudiante de Economía de la Universidad de los Llanos, Santiago Acero y Mauricio Murcia.

Se desmonta otro falso positivo más de la fuerza pública en Colombia. Agradecemos al equipo jurídico del Partido Comunista en el Meta que hace posible esta defensa de los derechos fundamentales en el movimiento social. Igualmente toda la solidaridad y apoyo recibido

Durante movilización del 1 mayo se evidenció que aplicación del protocolo de actuación de la fuerza pública reduce violaciones a los derechos humanos

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Bogotá, 2 de mayo de 2016. La campaña Defender la Libertad un Asunto de Todos, en el marco de sus labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos, hizo presencia durante las diferentes movilizaciones conmemorativas del 1 de Mayo, día internacional de los trabajadores, con el objeto de realizar un ejercicio de observación y verificación de los acontecimientos. En  ese sentido se permite comunicar a la  opinión pública lo siguiente:

Manifestamos nuestro rechazo a los hechos de violencia ocurridos en la Plaza de Bolívar, en especial la utilización de armas de fuego en contra de  funcionarios de la fuerza disponible. Al respecto instamos a que se esclarezcan los hechos y se  realicen las  investigaciones pertinentes, que permitan evitar que estas acciones empañe  la naturaleza noble y justa de la protesta social. Sigue leyendo

MÁS DETENCIONES ARBITRARIAS PARA LA PROTESTA SOCIAL PACÍFICA.

El resultado de la jornada de protesta pacífica desarrollada el día de hoy por cientos de ciudadanos inconformes con el sistema de Transmilenio fue: 48 personas en URI que pueden llegar a ser judicializadas por distintos delitos, 35 personas detenidas arbitrariamente en la UPJ y 12 personas heridas por el abuso de la fuerza del ESMAD. 

La Campaña Defender La Libertad Un Asunto de Todos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se permite denunciar públicamente los hechos cometidos el día 10 de febrero del año en curso por la fuerza pública en las estaciones de Transmilenio:

Hoy a las ocho de la mañana  varias personas decidieron bloquear las vías del transmilenio en modo de protesta,  frente al mal servicio y las altas tarifas que maneja este medio de transporte público de Bogotá,  ejerciendo así  el  derecho constitucional a la libertad de expresión  y el derecho a la protesta social pacífica.

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Denuncia Pública. No más falsos positivos judiciales contra el Movimiento Social

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DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ANTE LAS DETENCIONES MASIVAS OCURRIDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y  defensoras de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional  los siguientes hechos que constituyen una violación grave a los derechos humanos, principalmente atentan contra los derechos de asociación, protesta, debido proceso, expresión y el derecho a  defender los derechos humanos en Colombia.

El día de hoy, 08 de julio de 2015,  fueron detenidas 15 personas en la ciudad de Bogotá de manera simultánea en operativos dirigidos por la Fiscalía general de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional,  a quienes se les vincula con los atentados ocurridos la semana anterior en la ciudad de Bogotá.

Ante tales capturas hubo pronunciamientos desde la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Fiscalía General de la Nación, dirigidas a señalar su responsabilidad en tales hechos sin garantizar la presunción de inocencia.

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Abuso policial en Bellacruz, Cesar

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ACCIÓN URGENTE: COMUNIDAD CAMPESINA RETORNA A LAS  TIERRAS BALDÍAS  DE LA  HACIENDA BELLA CRUZ, UBICADAS EN LA GLORIA – CESAR, DE  DONDE FUERON DESPLAZADOS Y DESPOJADOS HACE 19 AÑOS 

La comunidad de campesinos y campesinas desplazados en 1.996 de la denominada Hacienda Bella Cruz, en el municipiAu63m8Zr38FQ5KoBKACYslcfVePwVPdo2JvkaOTQ-o1Ro de La Gloria  – Cesar, retornaron hoy a las tierras que les fueron arrebatadas hace 19 años, mediante un complot entre grupos paramilitares, empresas palmeras y  autoridades militares y civiles.  Por ello hoy elevan un llamado urgente a la opinión pública nacional e internacional y ponen de presente los siguientes hechos:

HECHOS

1.    El día de hoy 30 de junio de 2015, decenas de familias amanecieron en los predios baldíos ubicados en Potosí, Venecia, San Simón, Los Bajos ApGUigCeE9tqsq-6P_Gq1HPIC2lRgPQOrok8LkRMe58My Caño Negro en el corregimiento de Simaña municipio de La Gloria.  Los campesinos y campesinas agrupados en la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR), después de 19 años de desplazamiento forzado y de agotar todas las vías para que les devuelvan la tierra han decidido recuperar los predios baldíos que como sujetos de reforma agraria les pertenece.

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BOLETIN No. 1 DERECHOS HUMANOS

MINGA NACIONAL AGRARIA, CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR

EXGIMOS AL GOBIENO NACIONAL LAS GARANTIAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA PROTESTA SOCIAL, ASOCIACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

El gobierno Colombiano está obligado a brindar garantías a la realización de la Minga Nacional Agraria, campesina, étnica y popular que se llevara a cabo en los próximos días en el territorio nacional y que ha sido convocada como una protesta pacífica.

Los Derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica son derechos reconocidos en la Constitución Política de Colombia y en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales el Estado de Colombia ha suscrito y en consecuencia está obligado a cumplir.

A través del ejercicio de estos derechos es posible consolidar la democracia, en la medida en que se puedan expresar sin miedos y temores, ideas, pensamientos, propuestas y manifestar abiertamente las inconformidades que resulten de la aprobación y puesta en marcha de políticas y decisiones que afectan directamente diversos sectores de una sociedad.

La libertad de expresión y manifestación pacífica no requiere de permisos ni aprobaciones por parte del gobierno y su limitación debe ser excepcional. La Relatora Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que no pueden existir límites desproporcionados de la protesta, pues las “restricciones desproporcionadas terminan generando un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas”[1].

Teniendo en cuenta lo anterior, alertamos a la comunidad nacional e internacional que las actuaciones del Estado de Colombia en esta etapa previa a la movilización, obstaculiza el ejercicio del derecho y pone en riesgo su ejercicio toda vez que han venido ocurriendo graves hechos que atentan contra su goce efectivo:

HECHOS:

La estigmatización al movimiento campesino y los graves señalamientos de la movilización como paro armado

1. El 24 de mayo de 2016 se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el departamento de Norte de Santander. Allí las autoridades departamentales presentes caracterizaron la jornada de movilización de la Minga Nacional como un Paro Armado y de esta manera fue difundido por el gobernador WILLIAM VILLAMIZAR LAGUADO ante distintos medios de comunicación. Con base en lo anterior, la gobernación de Norte de Santander a través de su secretario de Gobierno, emitió la circular No. 016 del 24 de mayo de 2016 en la cual se ordena a los alcaldes de todos los municipios del departamento varias medidas entre las cuales se encuentran las de prohibir el transporte masivo de personas en servicio público o particular, la “no autorización de desplazamientos y marchas fuera de su jurisdicción”, el pago de recompensas hasta cien millones de pesos (100.000.000) por información sobre “actos terroristas” que según palabras del gobernador del departamento estas recompensas se ofrecen por información de lugares “donde haya depósitos de explosivos o donde se estén fabricando artefactos para utilizar en este paro armado”. Así mismo el gobernador anunció multas a los transportadores que faciliten el transporte de los campesinos que van a ejercer su derecho a la protesta pacífica y que irían a salir a las cabeceras municipales.

2. Aunado a lo anterior, el gobernador del departamento anunció acciones “simbólicas” desde la gobernación del departamento para incitar un rechazo contra el ejercicio del derecho a la manifestación, pues de antemano señaló y estigmatizó la Minga Nacional como un Paro que según él “solo trae muerte, desolación, violencia y saqueos…”[2]

3. Las anteriores manifestaciones y acciones tomadas por la máxima autoridad del departamento de Norte de Santander, reflejan el tratamiento que históricamente le ha sido dado a la protesta social en Colombia y las pocas garantías de participación que tienen las organizaciones sociales en la vida política del país.

4. Las medidas adoptadas y las alocuciones públicas, generan un alto riesgo a la vida, libertad e integridad de las comunidades y personas que a través de esta jornada de protesta exigirán sus derechos. Señalar públicamente la movilización como un Paro Armado implica automáticamente ordenar a las Fuerzas Militares que actúen contra los manifestantes, es decir, que usen sus armas para disolver las manifestaciones o en otras palabras dar un tratamiento de guerra a la protesta pacífica. Ello implica también el uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía y el ESMAD, la justificación de detenciones masivas y arbitrarias y otras conductas que puedan desplegar los cuerpos de seguridad para impedir la movilización.

5. De la misma manera tales señalamientos legitiman la actuación delictiva de los grupos paramilitares contra la vida de lideresas y líderes sociales, campesinos indígenas, afrodescendientes y sindicales y con ello el aumento de la persecución y eliminación de las organizaciones sociales de Colombia a las cuales el Estado Colombiano está en la obligación de respetar y proteger.

6. Teniendo en cuenta lo anterior, la ausencia de garantías por parte del Estado Colombiano, los señalamientos hechos por parte de varias autoridades regionales, y el silencio permisivo del gobierno nacional han alentado a que en esta etapa previa a la movilización hayan proliferado serias amenazas contra los líderes sociales y ya se hayan producido atentados contra la vida y la integridad de varios de ellos:

– El 19 de mayo fueron amenazados varios líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, y de la ACIN, entre ellos Albeiro Camayo, coordinador de la guardia indígena de la ACIN, Nelson Lemus, Jhovany Yule, Luz Eyda Julicue, mediante panfleto de las Águilas Negras, en donde se estigmatiza la labor de estos líderes y se señala de pertenecer a grupos guerrilleros, para lo cual se ofrece recompensa de 20.000.000 a quien les de muerte a estos líderes.

– El 21 de mayo fue amenazado el líder Guillermo Pérez Rangel del Congreso de los Pueblos en el departamento del Cesar. El líder recibió un correo electrónico en el cual le profieren amenazas personales y contra el congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

– El 26 de mayo de 2016 fue víctima de un atentadoAlbeiro Camayo coordinador de la guardia indígena e integrante del equipo de derechos humanos de la ACIN. Los hechos sucedieron en el departamento del Cauca a la salida de la ciudad de Popayán. Hombres armados le persiguieron en dos motocicletas y le dispararon en repetidas oportunidades, atentado del cual salió ileso.

– Así mismo, Hemos tenido conocimientos de allanamientos y requisas ilegales a la población del kilómetro 18 en la vía que conduce de Quibdó a Medellìn

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado:

CONSIDERAMOS

Que en el desarrollo de la movilización debe tenerse en cuenta el siguiente DECÁLOGO DE GARANTÍAS PARA EL LIBRE EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL[3]

Dado que el día 26 de Mayo de 2016, el Ministerio del Interior expidió la circular No. 16 “para el manejo y conservación del orden publico frente a las protestas sociales”, consideramos importante este decálogo en el sentido de reiterar al Gobierno de Colombia que el uso de la protesta social es un Derecho y a las organizaciones y proceso participantes en la Minga Nacional tener en cuenta los siguientes aspectos en caso de presentarse acciones de las autoridades que entorpezcan el desarrollo de la Minga. La Comisión de DH de la cumbre fue explícita en señalar al Ministerio que las normas del código Nacional de Policía relacionadas con recorridos y transporte de los participantes en la Minga no pueden obstaculizar el derecho a la protesta, por eso no se informará en detalle de fecha, hora y recorridos de las manifestaciones.

1. La Protesta no es delito. Constituye un canal legítimo de los sectores populares para expresar al Estado la voluntad del pueblo como parte de los procesos democráticos, y como tal es obligación de las autoridades civiles atender sus reclamos en vez de apelar a medidas de fuerza.

2. El derecho a la protesta pacífica es un derecho fundamental (artículo 37 de la Constitución) y además garantizado en pactos internacionales de derechos humanos que el Estado colombiano está obligado a respetar.

3. La notificación del momento y el recorrido de las manifestaciones tiene como fin que las autoridades pueden facilitar desviación del tráfico. El derecho a la protesta no requiere permiso. Las protestas espontáneas son legítimas y la falta de notificación de las mismas no es motivo para impedirlas o disolverlas.

4. La militarización de la protesta social incumple estos compromisos. El Ejército no es la entidad facultada para atender la protesta social. No se utilizarán saboteadores o infiltrados y todos los miembros de la Policía que participen en el control de la protesta deben estar visiblemente identificados y no podrán utilizar armas de fuego contra los manifestantes.

5. Las detenciones masivas y los censos o empadronamientos de los participantes en protestas son ilegales.

6. Las autoridades deben presumir que las protestas sociales son pacíficas y legítimas, así lo han expresado clara y públicamente las organizaciones convocantes que hacen parte de la Cumbre y es por lo tanto su obligación no solo respetarlas, sino facilitarlas y protegerlas.

7. Las autoridades y los grupos al margen de la ley están obligados a respetar la autonomía de las organizaciones sociales en la convocatoria y desarrollo de la protesta social. Las autoridades deben abstenerse de estigmatizar a los participantes y organizadores de las protestas ni deslegitimar sus motivos.

8. Si en el desarrollo de una protesta se presenta algún evento o brote de violencia, es deber de las autoridades garantizar la efectividad del derecho a los demás manifestantes, y actuar para remover exclusivamente a quienes emplean la violencia

9. El mero bloqueo de las vías para actos de protesta no es ilegal. Sólo son reprobables los que se hagan por medios violentos.

10. Las autoridades deben abstenerse de ordenar la disolución de las manifestaciones y el uso de la fuerza para disolver actos de protesta social. El uso de la fuerza y la intervención del ESMAD sólo podrá ser utilizado como último recurso, y únicamente después de que hayan agotado todas las medidas de diálogo y de interlocución efectiva. Cuando esto suceda, el uso de la fuerza deberá usarse en la mínima medida posible, ateniéndose a los principios de legalidad, proporcionalidad, gradualidad de los medios, precaución, focalización en quien actúa con violencia y rendición de cuentas minimizando los efectos para garantizar la efectividad de derechos al resto de los manifestantes.

SUBCOMISION DE DERECHOS HUMANOS CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR

COORDINACION COLOMBIA EUROPA – ESTADOS UNIDOS

CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TOD@S

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

[1] OEA, 2010, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pág- 26.http://www.oas.org/…/sistema_interamerican…/index_AHDLE.html

[2] Véase: https://m.youtube.com/watch?v=J9o536rvf1I

[3] Estas Garantías recogen criterios defendidos por jurisprudencia de órganos nacionales e internacionales y las medidas efectivas y mejores prácticas para la gestión de protestas pacíficas de las Naciones Unidas.

EL EJÉRCITO NACIONAL EN FACATATIVÁ (CUND) CONTINÚA REALIZANDO BATIDAS ILEGALES Y BURLANDO LO ORDENADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL!

El día sábado 14 de mayo del año en curso, siendo aproximadamente las 9:55 de la noche a la altura de la carrera 1 con calle 2 frente al conjunto residencial Villa Alba del municipio de Facatativá (Cund); Defensores de Derechos Humanos sorprendieron a integrantes del ejército en el momento que abordaban un grupo de jóvenes. Por lo anterior entablaron conversación con el militar de mayor rango identificado como el Subteniente PÉREZ a quien se le pregunto porque habían jóvenes subidos al camión a esta hora, manifestando que eran tres jóvenes que voluntariamente querían prestar el servicio militar. Al acercarnos para verificar lo relacionado por el Oficial, un joven se baja del camión demostrando bastante cercanía y confianza al personal militar manifestando que si quería prestar servicio militar porque su hermano era soldado, causando  curiosidad que los otros dos jóvenes con una conducta temerosa, tímida y sin atreverse a bajar del vehículo, se les pregunto si efectivamente se habían subido al camión por voluntad propia informando que fue en contra de su voluntad, situación que origina que el personal militar se subiera inmediatamente al camión de cabina color blanco, con furgón carpado tipo NPR de placas BNA 089 de Bogotá, para abandonar el lugar mientras que los Defensores de DH, le informaban que esta práctica es completamente ilegal en razón que está prohibida por la Corte Constitucional en las sentencias C-879 DE 2011 y T-455 DE 2014.
Así mismo se le informo al ST.PEREZ que en reunión del pasado 15 de marzo de 2016 celebrada en la Brigada de Comunicaciones con autoridades municipales y su respectivo Comandante expreso que esta práctica es ilegal y que por parte de las unidades de esa brigada estaba totalmente prohibido realizar estas acciones, manifestando que no tenía conocimiento  mientras tomaba una actitud de evadir el tema y ordenaba a sus hombres abandonar el lugar rápidamente.
Cabe anotar que varios habitantes del municipio han expresado en los últimos días el rechazo por la actitud del Ejercito Nacional, teniendo en cuenta que en ocasiones la misma población le ha exigido y presionado para que bajen jóvenes de camiones similares al descrito anteriormente, vehículos que son vistos transportando sillas plásticas de color azul con personal militar, el mismo aspecto también presentado con el automotor de este caso donde dichas sillas estaban ubicadas de tal manera que dificulto identificar la presencia de estos jóvenes que a simple vista no eran visible por estos elementos.
Hacemos un llamado al Comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, al Director de Reclutamiento, Comandante de las Fuerzas Militares, Ministro de Defensa y demás instituciones para que se garantice el cumplimiento de lo normado en sentencia ya relacionadas y proferidas por la Corte Constitucional, siendo preocupante que es el cuarto hecho de reclutamiento irregular por parte de integrantes de Ejercito Nacional en el municipio de Facatativá donde del Distrito No.51 de Bogotá, Distrito No.46 de reclutamiento y la Brigadas de Comunicaciones del Ejercito de Facatativá se han visto inmersas y comprometidas en estas prohibidas prácticas en los días 14 y 18 de septiembre de 2015, 23 de enero y el caso que nos ocupa.
NO MÁS BATIDAS ILEGALES! NO MÁS TERROR DEL EJÉRCITO NACIONAL CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL!
Defensores de Derechos Humanos Sabana Occidente – Sinaltrainal Seccional Facatativá – Movimiento Popular Regional
Zona de los archivos adjuntos

ALERTA SOBRE AMENAZAS A LIDERESAS Y LÍDERES DEL NORTE DEL CAUCA

El Equipo de Derechos Humanos del  Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC y  el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA,  hacen conocer a la comunidad nacional e internacional y alertan a  las autoridades sobre los siguientes hechos:

 El día 27 de abril del 2016, personas extrañas estuvieron preguntando, en la vereda de Yolombó y en el casco urbano del municipio de Suarez, departamento del  Cauca,  Alexa Leonor Mina y Mery Yein Mina, integrantes de la movilización de mujeres por el Cuidado de la Vida y el Territorio Ancestral. Alexa y Mery,  hermana y prima de Francia Márquez, representante legal del Consejo Comunitario de La Toma. Sigue leyendo